Empresas tecnológicas, eléctricas y comunidades autónomas cuestionan el borrador por vincular gran parte del consumo eléctrico de los centros de datos a nueva generación renovable.
El Ministerio para la Transición Ecológica cierra este jueves 10 de septiembre el periodo de audiencia pública del proyecto de real decreto para los centros de datos, una norma que, según ha publicado ABC, concentra alegaciones de tecnológicas, eléctricas y gobiernos autonómicos por sus requisitos energéticos.
La información de ABC sitúa en más de 60.000 millones de euros el potencial de inversión directa e indirecta acumulada hasta 2030 vinculado a estas infraestructuras, una estimación atribuida al informe anual de SpainDC. El sector sostiene que entre el 80% y el 90% de la nueva inversión prevista podría quedar comprometida si se mantiene el borrador.
La principal objeción es la exigencia de acreditar hora a hora que el 80% de la electricidad consumida proceda de nueva generación renovable. El texto también obligaría, según ABC, a respaldar cada nuevo megavatio consumido con capacidad renovable que haya entrado en operación en los 18 meses anteriores.
Las compañías con proyectos en marcha consideran que estas condiciones pueden modificar los compromisos asumidos para terrenos, financiación y contratos energéticos. ABC señala además que en los últimos cinco años se han concedido más de 12.000 megavatios de derechos de acceso y conexión asociados a centros de datos.
Contexto y consecuencias
Las alegaciones cuestionan que los centros de datos reciban un tratamiento distinto al de otros consumidores eléctricos, pese a competir por el acceso a la red y no contar, según el sector citado por ABC, con ayudas públicas o ventajas regulatorias específicas.
La regulación afecta especialmente a proyectos relacionados con inteligencia artificial y servicios en la nube, que requieren capacidad de computación y almacenamiento. El propio proyecto de real decreto, de acuerdo con la información publicada, reconoce la relevancia de estas instalaciones para la digitalización y la soberanía digital europea.
ABC recoge que las empresas advierten de que Francia, Italia, Portugal y los países nórdicos podrían captar parte de las inversiones previstas para España si el marco regulatorio resulta menos predecible. Castilla-La Mancha prevé presentar alegaciones: su presidente, Emiliano García-Page, ha señalado que no descarta acudir a los tribunales si la norma conserva el planteamiento actual.
Qué cambia ahora
Tras el cierre de la audiencia pública este 10 de septiembre, el Gobierno deberá estudiar las alegaciones y decidir si modifica el texto definitivo. Según ABC, el real decreto se aprobaría en Consejo de Ministros sin tramitación en el Congreso al no tratarse de un decreto ley.
Entre los proyectos afectados figura el centro de datos previsto en Talavera de la Reina. ABC cifra su inversión estimada en unos 750 millones de euros, con la posibilidad de superar los 1.000 millones en función del desarrollo final de las instalaciones.