La norma exigirá detallar por escrito el salario, la jornada y otras condiciones laborales, y limita las ampliaciones del periodo de prueba por encima de seis meses.
El Consejo de Ministros aprobó el martes 8 de septiembre un real decreto para transponer la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, según la información publicada por COPE. La norma obliga a empresas y autónomos con empleados a aportar más detalles por escrito sobre las condiciones de trabajo.
Los nuevos contratos deberán identificar a las partes y precisar, entre otros elementos, el contenido de la prestación laboral, el grupo o categoría profesional y la distribución de la jornada, de acuerdo con la información de COPE.
También tendrán que desglosar el salario, incluido el sueldo base, los complementos, la periodicidad y el método de pago. El medio señala además que la información deberá facilitarse antes de que comience la relación laboral.
El real decreto limita asimismo las ampliaciones del periodo de prueba que superen el límite general de seis meses establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Según COPE, esas extensiones deberán justificarse y solo podrán prorrogarse por convenio colectivo ante causas razonadas, como bajas por enfermedad o circunstancias ligadas a la naturaleza de un puesto directivo.
Contexto y consecuencias
La regulación afecta de forma directa a los contratos que se firmen desde su entrada en vigor, según la información publicada por Autónomos y Emprendedor. Ese medio indica que los trabajadores con contratos ya vigentes podrán pedir durante los 30 días siguientes la información exigida que no conste en su documento; la empresa deberá facilitarla por escrito o a través de un sistema telemático accesible.
La norma también obliga a comunicar por escrito las modificaciones de las condiciones esenciales de la relación laboral, de acuerdo con esa publicación.
Qué cambia ahora
Autónomos y Emprendedor señala que el real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Desde entonces, las empresas y los autónomos con personal contratado deberán adaptar los modelos empleados para las nuevas contrataciones.