La proposición de ley pasa al Senado tras recibir el respaldo de la mayoría del Congreso y prevé una vía de nacionalidad para saharauis nacidos antes del 29 de septiembre de 1977.
El Congreso de los Diputados aprobó el jueves 10 de septiembre la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a saharauis nacidos en el Sáhara Occidental cuando el territorio estaba bajo administración española, según informó RTVE.es / Agencias. La iniciativa continuará ahora su tramitación en el Senado.
El texto aprecia «circunstancias excepcionales» para otorgar la nacionalidad por carta de naturaleza a quienes nacieron en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, sin exigirles residencia legal en España, de acuerdo con la información publicada por RTVE.es / Agencias.
Para acreditar esta condición, podrán aportarse documentos como un DNI español, incluso caducado; el recibo de inscripción en el censo para el referéndum del Sáhara Occidental autenticado por Naciones Unidas; certificados de nacimiento o documentación expedida por la Administración española, según la misma fuente.
La Cámara Baja dio luz verde a la iniciativa con los votos a favor del PSOE, Sumar y otros grupos socios parlamentarios. PP, Junts y el diputado Javier Ortega Smith se abstuvieron, mientras que Vox votó en contra, según RTVE.es / Agencias.
Contexto y consecuencias
La medida podría beneficiar a unas 80.000 personas, según RTVE.es / Agencias. Los descendientes en primer grado de quienes obtengan la nacionalidad tendrán un plazo de cinco años para optar también a ella.
La proposición modifica además el Código Civil para que los saharauis puedan acceder a la nacionalidad española tras dos años de residencia legal en España, en vez de los diez años previstos con carácter general para los extranjeros. RTVE.es / Agencias señala que este plazo los equipara a los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal.
Las solicitudes de nacionalidad por carta de naturaleza serán gratuitas y podrán presentarse durante los tres años posteriores a la entrada en vigor de la ley, con posibilidad de una ampliación de un año. La norma entraría en vigor cuatro meses después de su publicación en el BOE, según RTVE.es / Agencias.
Qué cambia ahora
El Senado examinará el texto en la siguiente fase de la tramitación parlamentaria. Según RTVE.es / Agencias, el Partido Popular prevé presentar enmiendas en esa Cámara; si se introducen cambios, deberán volver al Congreso para una nueva votación.